Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo pública su decisión, tomada el primero de septiembre en Bogotá, en la cual de manera unánime sentenció que el ex alcalde de Chacao, Leopoldo López, debe ser habilitado para optar a cualquier cargo de elección popular en el que desee participar.Ha sido una dura y larga batalla de Leopoldo López que, durante varios años tanto en los tribunales venezolanos como en las instancias internacionales, luchó por obtener una decisión fundamental en materia de derechos humanos. Logró que se le diera la razón y demostró que su lucha no ha sido en vano y que su caso merece justicia.
La sentencia es un excelente aporte jurídico de la Corte Interamericana a los casos de inhabilitaciones políticas en el continente. De igual manera le envía un mensaje importante a los estados que han aceptado la competencia de esa instancia internacional pero que, después, amparándose en una supuesta soberanía, no acatan las decisiones. ¿Un mensaje directo al Estado venezolano? Ya el jefe de la revolución se pronunció al decir: “¿Qué valor puede tener esa Corte? Para mí no vale nada, cero a la izquierda, mi corte de cabello vale más”. Un acto de irrespeto, si tomamos en cuenta que Venezuela ha aceptado la competencia de la Corte Interamericana y que, según nuestra Constitución, estamos obligados a acatar las decisiones que esa instancia internacional haya tomado.
No son de extrañar las palabras del jefe del Estado. No es la primera vez que lo hace en términos igualmente irrespetuosos, si tomamos en cuenta que las últimas siete decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (desde 2008, con la sentencia de Juan Carlos Apitz, Ana María Ruggieri y Perkins Rocha, no han sido acatadas lo que convierte a Venezuela en un Estado forajido, que actúa no sólo en contra de nuestra Constitución sino contrariando la Convención Americana de Derechos Humanos que el país suscribió, y forma parte de nuestra legislación y es de obligatorio cumplimiento.
Lo más grotesco: el Estado venezolano participa personalmente en los actos de esas instancias y se defiende por intermedio de un representante, que hace el papel de tonto porque sabe que si pierden no acatan. Tremenda beca en dólares para un perdedor profesional.
Ahora hay que esperar la opinión del Tribunal Supremo de Justicia sobre la sentencia. Fiel a los mandatos de su jefe militar y como ya ha sido adelantado por la misma Luisa Estela Morales, se decidirá la imposibilidad de acatar la decisión. No dudamos, como ya recomendó en una oportunidad al jefe del Estado, que ella le pida que denuncie la Convención Americana de DDHH y nos retiremos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, algo parecido a lo que hizo Fujimori en Perú al final de su mandato. Descalabro moral.
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